La atención a personas con requerimientos de educación especial se inicia en nuestro país en el siglo XIX con la creación de la Escuela Nacional de Sordos (1867), y la Escuela Nacional de Ciegos (1867), durante el gobierno del Licenciado Benito Juárez García.

Posteriormente, pioneros de la talla de los doctores Santamarina, José de Jesús González, Roberto Solís Quiroga y el maestro Lauro Aguirre, se dan a la tarea de apoyar la apertura de más instituciones especializadas y de promover ante las instancias gubernamentales la expedición de leyes que sustentaran políticas educativas que ofrecieran mayor apoyo a este sector de la población. Cada uno de estos personajes logró en su tiempo y ámbito, abrir caminos hasta entonces no considerados.

En 1942, como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de Educación vigente, se crea la Escuela de Formación Docente para Maestros de Educación Especial, impartiéndose las especialidades en la educación de deficientes mentales y de menores infractores. Para 1945, se agregan las carreras de maestros especialistas en la educación de ciegos y de sordos. Simultáneamente se continúa con la creación de escuelas en diversas partes de la República, atendiendo cada vez a un mayor número de niños y jóvenes que lo demandaban.

En 1970 se crea por decreto la Dirección General de Educación Especial como una instancia que debía organizar, administrar y vigilar el sistema federal de este tipo de instituciones y la formación de docentes especializados.

Este evento marca un hito en la historia de la Educación Especial en nuestro país, pues le subyace el reconocimiento del gobierno a la necesidad de atender a esta población, rescatándola de la marginación y procurándole un contexto educativo adecuado. También impacta a los docentes pues constituye el comienzo de la sistematización y coordinación de acciones a nivel nacional que desemboca en un crecimiento muy significativo de la cobertura ofrecida hasta entonces.

Entre 1966 y 1979, se crean Coordinaciones de Educación Especial en las entidades federativas, con la finalidad de acercar los apoyos y la asesoría al personal en servicio.

Para 1992, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, suscriben el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, mediante el cual el gobierno federal transfiere a los gobiernos estatales la responsabilidad de la dirección de los servicios educativos de preescolar, primaria, secundaria, y para la formación del docente (se incluye aquí la educación normal, indígena y especial).